En el artículo que publicamos a continuación, vemos un
planteo de inclusión educativa desde otra perspectiva. A lo largo del curso
hemos visto la inclusión desde la perspectiva de la llamada “escuela
inclusiva”, es decir, desde la búsqueda de una escuela que incluya a todos, y
que trabaje desde la búsqueda de una inclusión total e incondicionada, centrada
en el aula, y basada en principios de equidad, cooperación y solidaridad.
Pero el artículo se hace cargo de la “educación inclusiva”,
en general, haciendo referencia principalmente a la búsqueda de garantizar la
escolaridad y la educación de chicos y adolescentes. Lo hace desde una crítica
al modelo propio de los últimos gobiernos, pero nos pareció un aporte
interesante desde una perspectiva distinta, y con conceptos esclarecedores.
Miércoles 20 de mayo de 2015 | Publicado en edición
impresa
Un debate necesario
La inclusión educativa
es insuficiente
El problema del brillo es que a veces enceguece
¿Es
la inclusión la única respuesta que podemos dar a la hora de analizar todos los
desafíos educativos que enfrenta la Argentina? ¿Es el objetivo excluyente o el
marco conceptual que debe moldear obligatoriamente cada una de las decisiones
que se toman en educación, no importa si se trata de primaria, secundaria o
universidad? Mi hipótesis es que no es necesariamente así.
Pero
me apresuro en aclararlo: tampoco se trata de descartar el concepto sin más,
como mera reacción a su apropiación insistente por parte del kirchnerismo.
Es
bueno subrayarlo: "inclusión" no es simplemente el grito de guerra
que distingue al oficialismo. El relato educativo que insiste con la inclusión
como norte de la educación no es nuevo ni es una creación del kirchnerismo,
aunque es cierto que el kirchnerismo es la línea partidaria que más aprovechó
la "inclusión" hasta convertirla en eslogan de marketing político de
su visión socioeducativa del mundo argentino. La ley de educación nacional de
2006, que consagró la obligatoriedad de la escuela secundaria, por ejemplo,
impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, es el broche de oro de esa
concepción, que instala sin vueltas la idea de una secundaria para todos y no
sólo para una elite o una capa social favorecida.
Eso
en la Argentina. Pero es importante destacarlo: hoy la noción de inclusión
domina la perspectiva educativa en todo el mundo. Garantizar la escolaridad y
la educación de chicos y adolescentes a escala global es tan perentorio como
combatir el hambre que muchas veces los aniquila.
Conviene
dejar estas cuestiones en claro y hay una razón: el desgaste que hizo el
kirchnerismo de la idea de "inclusión educativa" como consigna para
enrostrar al adversario político distorsionó la riqueza y las dimensiones
diversas que encierra la noción de "inclusión".
Porque
¿qué decimos cuando decimos "inclusión" en el terreno educativo? Ahí
empiezan los dilemas. Para el mundo de la infancia y la adolescencia, la
"inclusión" tiene el peso contundente de lo justo. Por esto también
acarrea todos los riesgos de lo políticamente correcto, que se impone como
verdad indiscutida. E indiscutible.
Ése
es el punto: la "inclusión educativa" es, sí, un deber de las
sociedades, pero al mismo tiempo es un concepto polémico y cargado de dilemas.
Es decir, demanda una discusión que agite el lugar común y su tendencia a
convertirse en certeza incuestionada que le pone mordaza a cualquier pregunta.
Su implementación deriva, por ejemplo, en disyuntivas que todavía no están
resueltas en la Argentina.
¿Alcanza
con llenar las aulas para decir que se tiene una "escuela inclusiva"?
¿Puede haber inclusión sin calidad educativa? ¿Queda algo de vitalidad en la
noción de inclusión cuando el origen socioeconómico de los alumnos determina
desde el vamos sus posibilidades de éxito o fracaso educativo? ¿La inclusión
educativa practicada en los últimos años no se confunde más con acción social
que con verdadera equidad educativa? ¿No hay algo de estafa en una inclusión
educativa que recurre con demasiada facilidad a bajar exigencias para retener a
chicos a punto de quedar fuera del aula?
Con
el kirchnerismo, esa moneda de dos caras -inclusión y calidad- que es la
educación opacó una, la calidad, y le dio brillo a la otra: la inclusión. El
problema del brillo es que a veces enceguece.
Pero
hemos aprendido: no se puede predicar la inclusión sin la calidad y la equidad
educativa. No alcanza con democratizar el acceso a la educación si no se
democratiza también el éxito educativo. Eso todavía falta en la Argentina.
Lo
que queda claro es que, aunque exige matices, desde la escuela media hacia
atrás, hasta el preescolar, la "inclusión" es un eje central para
pensar las políticas educativas.
A
las puertas de la universidad, el panorama es otro. Quiero decir: allí la
matriz de la inclusión pierde fuerza. Pierde la legitimidad contundente que
tiene en primaria y secundaria. Pienso, por ejemplo, la política de acceso a la
universidad como uno de esos casos en los que la inclusión no da todas las
respuestas: la inclusión no es la única medida posible del grado de apertura
del portón que conduce a la universidad. En ese borde del mundo educativo, el
debate requiere otras preguntas.
Hay
datos que confirman esa posibilidad. Los países más inclusivos del mundo en
términos sociales y con menor brecha educativa entre pobres y ricos regulan el
ingreso a la universidad con exámenes altamente selectivos. Finlandia, por
ejemplo. Su objetivo de inclusión educativa en primaria y secundaria no genera
el más mínimo complejo de culpa a la hora de restringir el ingreso a la universidad
y poner cupos según los objetivos estratégicos de desarrollo del país.
Porque
el otro marco para pensar el tema educativo universitario es ése: cómo
construir conocimientos de punta para un desarrollo económico sustentable que
redunde en verdadera inclusión, la del crecimiento económico futuro en sectores
con mucho valor agregado y el pleno empleo de calidad, y no simplemente la de
poblar aulas en el corto plazo. Por eso no es necesariamente "de
derecha" plantear cupos e ingresos con examen en la universidad.
Sí,
me adelanto a los cuestionamientos: la Argentina no es Finlandia. Es cierto,
hay que decirlo: Finlandia ejerce sus restricciones universitarias sin
complejos por dos razones. Una razón es que hay una economía que funciona y
quienes egresan del secundario y deciden no ir a la universidad, o no lo
logran, tienen un destino a pesar de todo. No necesitan un título universitario
devaluado para hacerse un huequito en el mundo laboral y social. El sector de
los oficios vocacionales tanto en el área de la manufactura como en los
servicios cumple con la promesa de un futuro posible. Otra razón es que la
inclusión en primaria y secundaria funciona: los finlandeses tienen educación
para todos y de alta calidad. En ese contexto, la competencia por las
posiciones universitarias es justa, se da entre iguales, con iguales
oportunidades desde la cuna.
Sin
embargo, tampoco países con serios problemas de equidad, como Brasil, plantean
la inclusión como variable casi única a la hora diseñar sus políticas universitarias.
Hay exámenes de ingreso rigurosos y selectivos en las universidades públicas
brasileñas, que son de elite aunque gratuitas. Al mismo tiempo se buscan
correcciones a la equidad con políticas de discriminación positiva para los
sectores más vulnerables que se educan en la escuela pública. Pero no ingresa
cualquiera: sólo acceden los mejores alumnos de esos sectores. Me estoy
refiriendo a la ley de cuotas, sancionada en 2012. El objetivo: democratizar el
sistema universitario público preservando la meritocracia, en palabras de la
presidenta Dilma Rousseff. Es decir, calidad y exigencia en el nivel
universitario ante todo, con consideraciones de inclusión.
La
Argentina, en cambio, hace de la inclusión el centro excluyente de su política
universitaria pública. El tema de la injusticia y los derechos se instala
entonces a las puertas de la universidad: cómo llega una población con
aprendizajes desiguales, de lo que en teoría no son responsables, la respuesta
más obvia de un Estado en esas circunstancias es no condenar a la víctima, es
decir, liberar el ingreso. O poner un CBC para intentar nivelar conocimientos y
flexibilizar los regímenes de promoción.
Pero
eso no es más que un intento estéril de emparchar un problema social difícil,
que sucede fuera del sistema educativo, con una respuesta educativa demasiado
simple y de corto plazo. La inclusión se convierte en cosmética, con efectos
colaterales negativos; por ejemplo, atentar contra la consolidación de una
economía del conocimiento que conduzca a una sociedad justa, genuina y de largo
plazo. Y, sí, también estructuralmente inclusiva.
Por
eso hoy la educación universitaria como un derecho y el ingreso irrestricto a
la universidad merecen ser discutidos, más allá de la corrección política de la
inclusión social y educativa.
